Hoy me detengo a exponer algo que lamentablemente es práctica habitual en el proceso de inscripción “solicitudes en la enseñanza pública”. Ya está en marcha para el próximo curso 2011-2012; en los párrafos del encabezamiento (parte) dice: en centres educatius sufragats amb fons públics.
Al cumplimentarla encontramos datos imprescindibles para su mejor objetividad educacional (que es su cometido) y otros criterios muy loables de otras cuestiones importantes. Ya en los apartados de opción religiosa, contemplamos varias opciones (aún formando parte de un estado aconfesional) que en los tiempos que corren (por lo menos en este país) no se está muy sobrado de seguidores “excepto para alguna celebración”. Lo que más llama la atención . (aunque no es nuevo) por su exclusión, la falta-expresa de la casilla para poder elegir y marcar el derecho a recibir la enseñanza en castellano, incumpliendo las sentencias de los tribunales que así lo han decidido.
¿Cómo pues, tienen derecho a decidir unos pocos sobre la mayoría? ¿Qué pueden, o deben pedir incluso exigir (en muchas ocasiones), cuando no se cumplen las leyes?
Si como dice la solicitud, la educación está sufragada con fondos públicos, no ha de tener derecho quien los paga a decidir también sobre tan importante cuestión como es la educación de sus hijos. Hoy también y desde aquí; porque la relación más estrecha y cercana al ciudadano debe comenzar en el propio municipio, reclamamos y exigimos la casilla.
Artículo de José Rosales, candidato de Ciutadans (C´s) a la alcaldía de Castellar del Vallés en L´actual
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